MANDA COJONES:El Estado entregará 13,2 millones de euros mensuales a la Iglesia Católica.

El Estado entregará mensualmente a la Iglesia Católica 13,27 millones de euros durante 2014 (159,2 millones de euros anuales), como adelanto de 0,7 % de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los contribuyentes que marquen la casilla de la Iglesia.

Así lo refleja una disposición adicional del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año.

Según la citada disposición adicional relativa a la "revisión del sistema de asignación tributaria a la Iglesia Católica", los 13,27 millones que se le entregarán mensualmente son a cuenta de la cantidad que el Estado debe asignarle por aplicación de otra disposición adicional, en este caso de los presupuestos de 2007.

En las cuentas de 2007 el Gobierno fijó que, desde el 1 de enero de ese año y "con carácter indefinido" y en desarrollo del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos (que data de 1979), el Estado destinaría al sostenimiento de la Iglesia Católica el 0,7 % de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los contribuyentes que manifiesten su voluntad en tal sentido.

Según el proyecto de ley de los presupuestos de 2014 entregados hoy en el Congreso de los Diputados, antes del 30 de noviembre de 2015 se efectuará una liquidación provisional de la asignación correspondiente a 2014, y la liquidación definitiva se realizará antes del 30 de abril de 2016.

En ambas liquidaciones, una vez efectuadas, se procederá por las dos partes a regularizar, en un sentido o en otro, el saldo existente, finaliza el texto.

Además, los presupuestos de 2014 prevén que se prorrogue un año el plazo previsto para redactar el inventario de bienes muebles de la Iglesia Católica.

El Gran Hermano vigila Cuntis.

¿Es Cuntis el nuevo Guadalix de la Sierra? Las cámaras de videovigilancia instaladas por Termas de Cuntis están en el ojo del huracán. En las fachadas, en los accesos, en los parques... están por todas partes, como un Gran Hermano que todo lo ve. Y, como en el conocido programa de televisión, no puede faltar una buena dosis de polémica. ¿Se están captando imágenes de la vía pública, viviendas y establecimientos privados? Asamblea Nacionalista de Cuntis (ANC) sospecha que sí y cree que el nuevo sistema de seguridad del balneario podría vulnerar la normativa de protección de datos e incluso el derecho a la intimidad.

Camara instalada en el Balneario

Fue Belén Pazos la que, en el Pleno celebrado el viernes, interrogó al alcalde sobre este Gran Hermano cuntiense. Le preguntó si estaba al tanto de la instalación de las cámaras y si estas cuentan con licencia municipal. “O día que as colocaron mandei alí (al balneario) á Policía Local”, respondió el regidor, Antonio Pena. La explicación resultó insuficiente para ANC, que el lunes presentó por registro un escrito solicitando una “copia literal” del informe emitido por la Policía, si es que lo hay. Los ediles nacionalistas afirman que Termas de Cuntis “ten previsto grabar ou graba xa en zonas públicas (parques, prazas, paseo fluvial e rúas) e propiedades privadas de veciños”, algo que podría suponer, sospechan, una irregularidad.
Las cámaras colocadas por el balneario permiten grabar panorámicas de “360 graos”, apunta el concejal de ANC Serafín Escariz, por lo que podrían estar registrando imágenes más allá de la propiedad privada de Termas. Porque algunas de estas cámaras están colocadas directamente sobre calles o el paseo fluvial. No solo eso, sino que los inquilinos de las viviendas más próximas y los propietarios y clientes de establecimientos también podrían ser captados. “Estou no cuarto de baño e estanme grabando”, le comentó, molesta, una vecina de la zona al propio Escariz. “Creo que iso non é legal”, apunta el edil.
Según la Agencia Española de Protección de Datos, está prohibido “por regla general” captar imágenes de la calle desde instalaciones privadas, ya que la vigilancia en vías públicas es competencia exclusiva de las fuerzas de seguridad del Estado. Con todo, hay algunas excepciones ya que, en ocasiones, la protección de espacios privados “solo es posible si las cámaras se ubican en las fachadas”. A veces “también resulta necesario captar los accesos, puertas o entradas” y esto conlleva la grabación de una “porción” de vía pública. Pero, para que estas excepciones se acepten, “no deberá existir una posibilidad de instalación alternativa”, garantizando, además, que el impacto en los derechos de los viandantes “sea el mímino posible”. En ningún caso, explica la Guía de Videovigilancia de la Agencia de Protección de Datos, “se admitirá el uso de prácticas de vigilancia más allá del entorno objeto de la instalación y, en particular, en lo que se refiere a los espacios públicos circundantes, edificios contiguos y vehículos distintos de los que accedan al espacio vigilado”.
Según la normativa, las imágenes captadas por las cámaras tienen que destruirse en el plazo de un mes y el sistema debe estar debidamente señalizado. En el caso del balneario cuntiense son varios los paneles amarillos que advierten de la entrada en una “zona videovigilada”, informando a los afectados que pueden “ejercitar sus derechos ante Termas de Cuntis”. La empresa que gestiona el sistema y las imágenes es Instalaciones Eléctricas Instaser S.L.U. Un responsable de la compañía no quiso ayer entrar en polémicas, aduciendo que “eso es cosa de la propiedad”, refiriéndose al balneario.  Tampoco la gerente de Termas, Marisol Espiño, quiso hacer manifestaciones sobre las cámaras ni entrar en “debates políticos”