El Consejo de Ministros aprobará el viernes próximo la tarjeta sanitaria única individual e interoperable, que permitirá la identificación del paciente en todo el territorio nacional, según acordaron en su día el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.
Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Ana Mato, que ha comparecido en la Comisión correspondiente del Congreso para informar, entre otros asuntos, del Pacto por la Sostenibilidad y Calidad del Sistema Nacional de Salud alcanzado con los representantes de la profesión médica y enfermera. Mato ha manifestado la intención de consensuar "un sistema de evaluación de resultados en salud que vaya más allá del mero análisis cuantitativo o de coste", para saber qué se hace bien y qué se puede mejorar y valorar "adecuadamente" el buen desempeño de centros y profesionales sanitarios.
En cuanto a las listas de espera, el Ministerio trabaja en el proyecto de Real Decreto de Calidad y Seguridad de los Pacientes, que establecerá criterios de priorización en intervenciones y pruebas diagnósticas, como la gravedad, el impacto en la salud futura y los criterios clínicos y funcionales. Incluiría una relación de especialidades, procesos quirúrgicos y procedimientos diagnósticos y terapéuticos para aplicar el sistema de garantías de tiempo máximo de acceso.
Este decreto también regulará el derecho a la libre elección de médico de familia, pediatra, enfermero y hospital. La ministra ha defendido un sistema de desarrollo profesional homologado en toda España y la participación de médicos y enfermeros en la gestión clínica para mejorar la eficacia y seguridad en la asistencia sanitaria.
Mato ha asegurado que las reformas "están funcionando" con "la implicación y participación activa" de los profesionales sanitarios, "el mejor activo de nuestra sanidad". Así, ha invitado a todas las fuerzas parlamentarias a que hagan posible el Pacto Sociosanitario, además de reconocer que es imprescindible contar con las CCAA. "Es el momento de dar un paso al frente y encontrarnos todos en la consolidación y en la fortaleza del Sistema Nacional de Salud", ha pedido.
Exclusión de grupos sociales
Sobre las críticas a la reforma sanitaria del decreto ley de 16/2012, ha respondido que "el problema de no hacer la sanidad pública económicamente sostenible es que nos podemos quedar sin ella, y el Gobierno trabaja para que eso no pueda ocurrir". En cuanto a la supuesta exclusión de ciertos grupos de población de la Sanidad, ha reconocido que algunas personas han dejado de tener derecho a tarjeta sanitaria, pero mantienen el de la atención que "requieren".
Concretamente, sobre los inmigrantes, ha dicho que a nadie se le niega la asistencia porque iría en contra de la Constitución y el real decreto, así todos reciben asistencia de urgencia "cualquiera que sea la causa y hasta el alta". Ha negado que haya "copago sanitario", sino una "modificación de la aportación" de los ciudadanos al coste de los medicamentos. "Hemos hecho más justo el sistema (...) para que quien más tiene aporte más y quien tiene menos o nada no pague".
Entre los grupos de la oposición, el diputado socialista José Martínez Olmos ha reprochado a Mato el "tremendo recorte de recursos y prestaciones" que suponen las reducciones presupuestarias y le ha preguntado cómo y cuando se va abordar la financiación sanitaria. Sobre el pacto sanitario, acordado hasta ahora con médicos y enfermeros, el diputado considera que tiene "varias patas cojas" porque no se ha contado con los sindicatos, los grupos parlamentarios, los pacientes y otros profesionales.
Lourdes Ciuró (CiU) ha acusado a la ministra de hablar de diálogo, pero "sólo ofrece monólogo", y ha amagado con abandonar la subcomisión del Congreso que analiza los problemas estructurales del sistema sanitario. En nombre de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, ha opinado que la ministra hace "propaganda 'orwelliana'" al presentar una y otra vez el acuerdo con los profesionales sanitarios, más cuando éstos se manifiestan en las calles contra las políticas del Ministerio.
A su juicio, el Gobierno se comporta "con infamia y deslealtad" hacia el Sistema Nacional de Salud, pues pretende "debilitarlo para buscar el negocio" privado en un "desbarajuste total". "Ese supuesto ahorro por el copago o repago (farmacéutico) y la barbaridad de exclusiones de personas de la asistencia se va a traducir en un incremento de la enfermedad, de la mortalidad".
